Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– En 2013, el Gobierno federal gastó 982 millones 216 mil 728 pesos en la promoción de tres reformas: la Energética, la Educativa y la Hacendaria. La Organización Editorial Mexicana (OEM) resultó el medio de comunicación más beneficiado, con un pago total de 229 millones 530 mil 530 pesos, seguido de Televisa, que recibió contratos por 149 millones 24 mil 389 pesos, revelan los datos de las solicitudes de información realizadas por SinEmbargo vía Infomex a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Energía (Sener).
Tv Azteca, a través de sus Estudios Churubusco Azteca, está también entre las empresas que reportan las cifras más altas, a pesar de que sólo ofreció sus servicios para las reformas Hacendaria y Educativa. Por contratos de diseño y servicios publicitarios y desarrollo estratégico y operativo recibió 163 millones 898 mil 276 pesos. Además, por la realización de dos entrevistas sobre los beneficios de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, Estudios Churubusco Azteca recibió 5 millones 760 mil 309 pesos.
A partir de estas solicitudes de información se concluye que la campaña más costosa corrió a cargo de la Secretaría de Energía para promover los beneficios de la Reforma Energética: el gasto total fue de 410 millones 411 mil 720 pesos en contratos celebrados en diciembre de 2013 y también entre febrero y abril de 2014, con 22 empresas de medios.
El pago más alto que realizó la Sener fue de 219 millones 477 mil pesos para la OEM, propiedad del recién fallecido empresario Mario Vázquez Raña. Este grupo cuenta con periódicos como La Prensa, Esto y otros conocidos como “los Soles”, que tienen presencia en todo el país.
Analistas del sector de las telecomunicaciones han señalado en diferentes ocasiones que la línea editorial de los periódicos de Vázquez Raña siempre ha sido apegada al priismo. En mayo de 2012, sus periódicos calificaron la visita de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, a la Universidad Iberoamericana como «todo un triunfo», haciendo caso omiso de las protestas que los estudiantes realizaron aquel día y que desencadenarían en el surgimiento del movimiento #YoSoy132.
De acuerdo con el académico Raúl Trejo Delarbre, el periodismo de ”los Soles” está devaluado, es opaco y carece de trabajo de investigación. “Es monocromático en términos políticos. No sé si piden credencial del PRI para escribir en ‘los Soles’; sólo gente que respalda a este partido ocupa espacios en las ediciones de El Sol de México en todo el país”, expuso.
Diversas organizaciones han realizado investigaciones sobre los gastos de publicidad gubernamental y señalan que, por lo regular, la distribución del gasto en publicidad oficial privilegia el tiempo en televisión. Sin embargo, el Gobierno federal dio prioridad a la inversión en el grupo de Vázquez Raña.
También en 2012, el entonces candidato Peña Nieto adelantó lo que serían sus primeras iniciativas de gobierno, en las que se incluía la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar los contratos de medios de comunicación con la publicidad oficial.
“El Gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Como Presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Solo un país bien informado garantiza una cultura democrática”, prometió el priista mexiquense.
En entrevista para SinEmbargo, Justine Dupuy, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que no se conoce el mecanismo a partir del cual se reparte la publicidad oficial, “al final hay una ausencia de criterios claros, objetivos, transparentes y equitativos […] nosotros hemos denunciado que la publicidad oficial se asigna de manera discrecional, discriminatoria y bajo criterios de amiguismos. Esa es una práctica común en todos los gobiernos del país”, comentó.
“Que grupos allegados a Presidencia tengan preferencia en este campo, refleja la ausencia de lineamientos claros en la asignación de la publicidad oficial […] Normalmente la publicidad debería asignarse bajo criterios que tengan público objetivo, rating, equidad entre pares, no se debe favorecer a uno más que otro, eso ya tendría implicaciones sobre el mercado mediático”, agregó.
LOS GASTOS DE EPN EN PUBLICIDAD
Según información obtenida por Fundar, a partir de los datos publicados en el Sistema de Comunicación Social (Comsoc), en 2012, el primer año de administración de Enrique Peña, se gastaron 4 mil 195 millones de pesos en publicidad oficial.
La organización estima que si la tendencia de uso de publicidad aumenta bajo la misma variable, para 2018 los gastos estarían entre los 6 mil 292 millones y 7 mil 383 millones de pesos.
Según el mismo informe, los sectores gubernamentales que más gastan en comunicación social son la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Hacienda y la Sener.
INCONSISTENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS
A finales de 2014, SinEmbargo envió solicitudes de información a la Secretaría de Gobernación y a cada una de las dependencias que impulsaron cada una de las llamadas reformas estructurales.
En cuanto a las reformas Educativa y Hacendaria se recibió triple documentación: una de la Segob, otra de la SEP y una más de la SHCP.
Las información contenida en las listas fue la misma, colocada de forma distinta, alguna resumida y otra con datos más desagregados. Al momento de cotejar las cifras finales, las cuentas no salieron.
La SEP reportó gastos por 180 millones 796 mil 922 pesos para las tres etapas de la campaña que lanzó a todo el país; Segob reportó 182 millones 906 mil 941 pesos, esto es 2 millones 110 mil 19 pesos más.
En esta campaña el pago más elevado fue para Estudios Churubusco Azteca. De las cantidades emitidas únicamente por Segob, la cifra total es de 67 millones 847 mil 400 pesos; sin embargo, con gastos que aparecen en la lista de la SEP, el pago podría ascender a los 123 millones 820 mil 723 pesos.
Televisa recibió 27 millones de pesos y Estudios Azteca casi 21 millones.
Sólo la campaña “Beneficios de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias” tuvo un costo de 92 millones 416 mil 622 pesos y fue difundida del 26 de diciembre al 29 de enero. Cada uno de los días de esa campaña costó 2 millones 640 mil 474 pesos.
Los gastos de la Reforma Hacendaria tampoco encajaron: el costo total de la campaña que duró 108 días, de acuerdo con la respuesta de la SHCP, fue de 344 millones 873 mil 630 pesos (3 millones 193 mil 274 pesos por día).
Sin embargo, la Segob reportó una cifra que rebasa la cantidad de Hacienda por poco más de 44 millones de pesos, lo que tendría un costo por día mayor a los 3.5 millones de pesos.
De acuerdo también con la misma información de Segob, los contratos por 388 millones 898 mil 19 pesos se concretaron el 13 de septiembre de 2013, el mismo día que en el Zócalo de la Ciudad de México, elementos de la Policía Fedeal desalojaban a maestros de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) que realizaban un plantón contra la Reforma Educativa.
Los medios de comunicación que más dinero recibieron por esta reforma promovida por la SHCP fueron Televisa (117 millones 805 mil 469 pesos), Estudios Azteca (68 millones 48 mil pesos), Estudios Churubusco Azteca (28 millones 548 mil pesos), la OEM (7 millones 764 mil pesos) y el Libro Vaquero (1 millón 89 mil pesos).
Finalmente, en lo que respecta a la Reforma en Telecomunicaciones y a la Reforma Laboral, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respectivamente, declararon que no se ha erogado monto alguno para la promoción y difusión de éstas. Por su parte, la Segob respondió con declaración de inexistencia.
LOS TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la promulgación de la Reforma en Telecomunicaciones, los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social.
De acuerdo con esa Reforma, los tiempos de transmisión serán administrados por Gobernación, quien previamente atenderá al concesionario (quienes no pagan impuestos por este servicio) y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.
El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
La investigadora Justine Dupuy planteó que el uso de este tiempo del que dispone el Gobierno tiene un uso opaco y que de acuerdo a los lineamientos de publicidad oficial, las dependencias deben acoplarse primero a estos y después determinar si es necesario comprar más, por lo que es necesaria la rendición de cuentas en materia. “Debe evaluarse si esta práctica se está cumpliendo, hay una documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que muestra casos donde dependencias no piden los tiempos gratuitos a su disposición antes de comprarlos, entonces es un problema” dijo.
De acuerdo con el Informe 2013-2014 de Presidencia, los tiempos oficiales fueron utilizados durante febrero y junio de 2014 para la difusión de 10 campañas de prevención del delito y denuncia ciudadana al 088, para lo cual se emplearon mil 889 horas de transmisión en televisión y 6 mil 883 horas en radio.
“De estas campañas, cuatro tuvieron una cobertura nacional, tres en televisión con un total de 163 mil 794 impactos (transmisión de spot): Prevención del Delito (Versión 1), Prevención del Delito (Todos Queremos lo Mismo) y Prevención del Delito (Etapa 3) y una en radio, Prevención del Delito (Versión 1), con 148 mil 491 impactos.
“De las seis campañas restantes, dos fueron en televisión: Prevención del Delito (Abre Los Ojos) y Prevención del Delito Etapa 3 (Detrás de tu denuncia) con 51 mil 989 impactos y cobertura en el Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas con 141 mil 797 impactos. Mientras que el resto, Prevención del Delito (Todos queremos lo mismo) y Campaña 088 (Etapa 3) tuvieron cobertura en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con 375 mil 013 impactos”.
El informe continúa con otra campaña sobre el impulso a la Alerta Amber. Estas fueron las campañas para las que se dispuso el tiempo oficial.
La regulación de la publicidad fue el compromiso número 95 del Pacto por México. Formado el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente, los partidos políticos urgieron a la necesidad de transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad, por lo que, de nueva cuenta, se propuso la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise “la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación […]así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto”, acordaron los firmantes en un documento.
Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se encuentra congelada esta propuesta lanzada en dos ocasiones en 2012, al igual que una Ley de Propaganda Gubernamental.
De acuerdo con el estudio, «Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013», realizado por Fundar y Artículo 19 señalaron que los legisladores fallaron a las promesas presidenciales y a sus obligaciones legislativas y “dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial”.
A,bas organizaciones concluyeron que no había señales “serias” de cambios, ni en el marco normativo de uso de a publicidad oficial ni en las prácticas.
